MENSAJE DEL SECRETARIO DE VIVIENDA, INTI MUÑOZ SANTINI, ANTE COMISIONES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MARCO DE LA GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO
Ciudad de México, 8 de noviembre de 2025
Muchas gracias, muy buenas tardes. Comentó que responderé parte de las preguntas en mi exposición, dado que algunos de los posicionamientos también han incluido preguntas, y lo que me vaya quedando pendiente lo responderé en la ronda de preguntas y respuestas.
Bien, señoras y señores legisladores, integrantes de las Comisiones Unidas de Vivienda y Unidades Habitacionales del Congreso de nuestra ciudad, saludo particularmente a los presidentes de dichas comisiones y por supuesto a todas y todos sus integrantes.
Compañeras y compañeros integrantes del gabinete legal y ampliado del Gobierno de la Ciudad de México que me acompañan el día de hoy, me da mucho gusto. Les saludo con especial cariño, querida Maestra Inés González, Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo.
Querida Subsecretaria de Vivienda y Unidades Habitacionales, Guadalupe Chávez Contreras, gracias por estar aquí.
Estimado Pablo Yanes Rizo, actualmente Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y a partir del lunes Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. Tiene muchas tareas, Pablo en este momento, siempre las ha tenido.
Querida Rocío Lombera, Coordinadora General de Asuntos Internacionales. Querido amigo Carlos Mackinlay, Director General de SERVIMET. Compañeras y compañeros colaboradores de la Secretaría de Vivienda, del Instituto de Vivienda, de la Comisión para la Reconstrucción, del equipo de Unidades Habitacionales.
Amigas y amigos, representantes ciudadanos, activistas, trabajadores, siempre por el derecho a la vivienda.
Querida familia, especialmente me es importante que estén aquí.
Ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales.
amigas y amigos de los medios de comunicación.
Comparezco ante esta soberanía en cumplimiento del mandato constitucional y legal que nos convoca a rendir cuentas ante el Congreso de la Ciudad de México, con la convicción de que el diálogo y la transparencia forman parte esencial de la democracia y del deber que tenemos los servidores públicos de informar a la ciudadanía sobre nuestra gestión; tarea que nos ha conferido nuestra querida Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, a quien aprovecho para enviarle un cordial y muy sentido saludo, con agradecimiento, además. Hoy las grandes ciudades del mundo enfrentan un desafío que está implicando construir un nuevo paradigma en materia territorial y de derecho al hábitat. Durante las décadas de hegemonía del modelo económico neoliberal se impuso la idea de que la tarea de darle vivienda a la población era sólo posible entendiéndola como una cuestión de mercado y no como la tarea colectiva de garantizar un derecho humano.
Es necesario dejar claro que ese es el punto de partida para muchas de las cosas que estamos haciendo y que tenemos que hacer.
La Ciudad de México no ha sido ajena a esa dinámica global y también sufrió los estragos de la irresponsable sujeción al neoliberalismo salvaje, cosa que se prueba en los múltiples efectos nocivos producidos en el territorio, la economía y el tejido social de nuestra urbe cuando, concretamente, en el periodo 2012-2018 se dio la espalda al rumbo progresista determinado por la gente y se apostó por privilegiar la idea de la ciudad como mercancía y la vivienda como negocio. De esta etapa los resultados heredados son conocidos y sufridos por la población. Especulación y encarecimiento generalizado del sueldo y de la renta, imposibilidad de comprar una casa, por supuesto algo que afecta especialmente a las nuevas generaciones, corrupción inmobiliaria, expulsión del barrio en que se nació y creció hacia la periferia y hacia zonas alejadas de la conurbación como única alternativa de vida; seis horas de recorrido diario para venir a trabajar a la ciudad a costa de la calidad de vida y a costa de todos los equilibrios, el ambiental, el energético, el hídrico y el de la movilidad.
Ese es el destino que ha querido imponer como inevitable el dogma neoliberal en materia urbanística, territorial y de vivienda. El rumbo comenzó a ser corregido al iniciar la gestión de nuestra querida hoy presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Como ejemplo más claro, está la enorme tarea de la reconstrucción por los sismos de 2017, ahí donde se pretendió convertir a deudores de la banca a las familias damnificadas y se malversaron los fondos públicos, a las y los damnificados se les dio el lugar de beneficiarios de derechos por ley, y la ciudad solidaria se aprestó entonces a hacerse cargo de la tarea.
Se determinó que no eran 7,000 las casas afectadas sino 22,000, 22,074 para ser precisos. Hoy cerca de 21,000 viviendas han sido ya rehabilitadas o reconstruidas y entregadas a título gratuito a sus habitantes, con lo que será, al finalizarse los trabajos en 2026, una inversión total de 14,300 millones de pesos, 3,700 de los cuales se habrán erogado en el actual gobierno.
El avance se acerca a un 95% en la titánica tarea de la reconstrucción producto de la lucha ciudadana y de la colaboración entre las familias damnificadas y su gobierno, el gobierno democrático de la ciudad solidaria. El 99% de las viviendas han sido atendidas directamente por el gobierno de la ciudad y no ha habido prácticamente ninguna familia damnificada que haya estado fuera del diálogo permanente, la atención y el acompañamiento por parte de las instituciones públicas de nuestra urbe.
Estamos continuando esta tarea a través de la comisión para la reconstrucción de la ciudad de México con el apoyo y el compromiso de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y esa tarea hay que señalarlo, se convertirá más adelante en una tarea permanente. La Comisión se va a convertir en un área de nuestra nueva Secretaría dedicada a la prevención, a la atención al alto riesgo estructural en la vivienda y a estar, como compromiso permanente, diametralmente preparados en mejores condiciones ante todo tipo de riesgos y desastres en esta nuestra ciudad compleja y sísmica.
Valga recordar que este año conmemoramos 40 años de los sismos de 1985 y ocho años del sismo de 2017. No olvidemos que ahí florecieron las semillas de la ciudad solidaria, y que de las luchas vecinales del 85, de las voces y los brazos que ante un gobierno indolente y autoritario pusieron a la ciudad en pie, nació una ciudad que desde entonces se consolidó como una comunidad de comunidades, una comunidad donde la gente se organiza para trabajar por el derecho a la vivienda, para luchar por él todos los días, siempre decidida a ayudar a las y los otros, siempre determinada a gobernarse democráticamente a sí misma.
Gracias a ellas y a ellos, estamos aquí y quisiera decir que esa es la ciudad organizada que ha construido el derecho a la vivienda como cimiento de la ciudad democrática. Aquí están Jaime Rello, aquí está flotando el espíritu de Super Barrio, pero además está Raúl Bautista, aquí está Guillermo Rodríguez, aquí está Bernardino Ramos, aquí está Lupita Chávez, aquí están muchos que siendo jóvenes como Labra, como Leyla, como muchos de los que están aquí, como el padre del diputado Guijosa, participaron en esa empresa colectiva que ha dejado su impronta en la ciudad de derechos, que se propone ser justa, igualitaria, que se propone no dejar a nadie atrás nunca, semilla, insisto, que floreció en 1985. Ahí está una buena parte de las explicaciones sobre cómo la ciudad se organiza para conseguir y hacer realidad su derecho a la vivienda.
Hoy, bajo el liderazgo de la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, la Ciudad de México ha recuperado el sentido social de la vivienda, porque hablar en efecto de vivienda hoy, es hablar de justicia, de subsanar agravios, de dignidad, de presente, de futuro, del principio que posibilita el ejercicio de todos los derechos. La creación de la Secretaría de Vivienda en octubre del año 2024 marcó un cambio histórico. Por primera vez, la ciudad cuenta con una institución especializada en planear, coordinar y ejecutar la política habitacional con visión social, metropolitana y de derechos humanos.
Una secretaría que articula la producción, el financiamiento, el arrendamiento asequible y las políticas que debemos construir en torno a ello, el mejoramiento de la vivienda, siempre con una perspectiva de género e inclusión, con visión de sostenibilidad ambiental y de participación ciudadana. -Bienvenida, querida diputada Marta Ávila, es un honor tenerte presente en esta comparecencia-.
Desde la creación de la secretaría hemos trabajado con un objetivo claro, que cada persona que habita esta gran capital pueda tener un hogar digno, asequible y seguro. Durante este primer año de gestión hemos iniciado la consolidación de una estructura administrativa moderna e integradora, que articula al Instituto de Vivienda, el INVI, a la Comisión para la Reconstrucción, la atención a las unidades habitacionales y los programas sociales de vivienda bajo una sola estrategia.
Este esfuerzo nos ha permitido multiplicar la capacidad de cobertura y alcanzar resultados sin precedentes en materia presupuestal, territorial y social. En 2024, ya se ha dicho aquí, el presupuesto total para la vivienda fue de 4,700 millones de pesos, ya incluyendo un aumento que promovió el entonces Jefe de Gobierno, Martí Batres, de mil millones de pesos, y ya recuperando el paso creciente en las asignaciones presupuestales al inicio del gobierno de la doctora Sheinbaum, después de que se estancó la inversión en vivienda, se dejó de invertir en vivienda al ritmo que era necesario como parte de una política y de una postura ideológica. Para 2025, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, asignó nueve mil millones de pesos, prácticamente el doble. La inversión pública local en vivienda social, asequible, más grande en la historia de nuestra ciudad. Ese aumento no sólo es una cifra, es una decisión política que refleja la prioridad que la Jefa de Gobierno otorga a la vivienda como eje fundamental del bienestar y la justicia social.
Con estos recursos, iniciamos la ejecución de la política de vivienda, por tanto, más fuerte en la historia reciente de la ciudad, con una meta de 200 mil acciones de vivienda a lo largo del sexenio; 33 mil de las cuales habrán sido ya ejecutadas al final de este año 2025.
Este fortalecimiento institucional y financiero se traduce en resultados concretos para miles de familias capitalinas, en innovación y construcción de alternativas. Hemos iniciado una nueva política de vivienda asequible para las y los jóvenes y de vivienda pública en arrendamiento para personas de atención prioritaria. Programas pioneros en América y en México, en América Latina y en nuestro país. Aprovecho para ir respondiendo algunas preguntas sobre las bases, las reglas de operación, los mecanismos de ingreso a este gran programa de vivienda pública en renta, sabiendo que hay edificios que estarán destinados específicamente a las personas jóvenes, otros a otros sectores vulnerables, serán publicadas cuando estemos en la fase final de determinación de las obras que estamos llevando a cabo para tal fin.
Por ejemplo, y seguramente comenzando por el proyecto del edificio que representó el proyecto piloto ubicado en el predio de Doctor Lavista, el cual es un predio de 5 mil metros cuadrados, propiedad de SERVIMET, en el que hemos ya concluido los complejos trabajos de demolición y estamos arrancando con las definiciones que al final se incorporaron al proyecto, con las obras que corresponden a la cimentación, esperamos que en 2026 este inmueble esté concluido, igual que muchos otros de los cuales hablaré más adelante. Bien, hemos elevado a niveles históricos el programa de mejoramiento de vivienda y estamos avanzando en la reducción de los tiempos de gestión y construcción para la vivienda social.
Durante el periodo de octubre de 2024 a septiembre de 2025 se ejecutaron 16 mil 843 acciones de mejoramiento de vivienda en beneficio de 57 mil personas, con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos. Al cierre de este año se habrán realizado más de 20 mil acciones de mejoramiento, incluyendo más de 4 mil créditos para construcción de vivienda nueva progresiva en lote familiar, estrategia fundamental para fortalecer el arraigo en los barrios populares de nuestra urbe, y quiero decir que con estas cifras hemos ya superado la cifra histórica que teníamos como meta, que fue la cantidad de créditos de mejoramiento de vivienda que se entregaron en el sexenio en el cual se creó el programa, que fue el sexenio de nuestro querido Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno.
Dentro del programa de vivienda en conjunto se consolidaron más de 12 mil acciones habitacionales con una inversión superior a los 2 mil 825 millones de pesos. Así, a diciembre de 2025 se habrán entregado 5 mil 638 viviendas nuevas, beneficiando a casi 20 mil personas. Una vez más, una cifra histórica que supera la media que rondaba entre 2 mil 500 y 3 mil viviendas terminadas y concluidas al año.
Una vez más, hemos llegado a una meta histórica. Actualmente se encuentran en proceso de edificación 9 mil 782 viviendas adicionales, están además en fase de cierre de obra más de 5 mil y se preparan nuevos proyectos que representarán 4 mil viviendas nuevas adicionales. Todo eso significa que hoy la ciudad trabaja en la producción de 19 mil viviendas asequibles nuevas, cifra que se irá incrementando para garantizar que al final del sexenio se hayan producido 80 mil espacios nuevos para vivir.
Como ya hemos mencionado, el nuevo programa de vivienda pública en renta es una de las innovaciones más importantes. Estamos constituyendo un primer parque de mil viviendas públicas para renta asequible, 700 de ellas se ubican en cuatro predios que en efecto están en las colonias Centro, Buenos Aires, en El Rosario, en Tacuba y 300 más provienen de los procesos de re densificación en predios atendidos tras el sismo de 2017.
Esto en conjunto representa una inversión inicial superior a 600 millones de pesos. Para 2030 la vivienda pública en renta contará con un parque de 20 mil departamentos a los que podrán acceder inicialmente los sectores más vulnerados por la gentrificación, las y los jóvenes, los estudiantes, las madres solteras, las personas con discapacidad, pero poco a poco ese programa buscará ser un programa que beneficie de forma más y más universal a toda la población, incluyendo por supuesto a las clases medias.
Mensualmente se beneficia con apoyos temporales para el pago de renta a 2,708 familias cuyas viviendas se encuentran en situación de riesgo. Para este propósito se asignaron recursos por más de 56 millones de pesos. Así apoyamos a personas cuya vivienda está siendo rehabilitada, pero también a personas víctimas de desalojos abusivos o a quienes se han visto afectados por desastres como inundaciones, incendios o explosiones.
Con la creación de la Subsecretaría de Atención a las Unidades Habitacionales se reforzó la atención a los conjuntos de interés social. El presupuesto asignado para 2025 asciende a 600 millones de pesos, lo cual es un 107 por ciento más que lo destinado en 2024.
La mención que hacía, estimado diputado Omar García, es lo que inicialmente se colocó en la instancia que inicialmente atendía a las unidades habitacionales o que las venía atendiendo, que es la Procuraduría Social. Sin embargo, el programa nuevo, el programa OTOCH con 600 millones de pesos, es el programa en el que se incluye la política de atención a las unidades habitacionales a través de la Subsecretaría de Vivienda. Estos recursos se destinan a acciones de mantenimiento mayor, rehabilitación integral de áreas comunes y fortalecimiento de la cultura vecinal en todos estos conjuntos habitacionales.
En efecto, hay 11,200 conjuntos habitacionales que entran en la definición de unidad habitacional. El censo con el que contamos, después de haber realizado, como se mencionó ya, más de 600 visitas técnicas para un diagnóstico integral, diagnóstico que era una tarea muy importante, pendiente, nos llevó a elaborar un atlas geográfico con el registro muy puntual de las problemáticas en 10,332 unidades en 15 alcaldías, esto tomando en cuenta que en Milpa Alta no hay unidades habitacionales.
Tras este diagnóstico, se han iniciado intervenciones de pintura, impermeabilización, cambio de tinacos, alumbrado público, desazolve y saneamiento, así como sustitución de escaleras en ya más de 100 unidades. Estamos trabajando fuerte para cerrar el año, teniendo en cuenta que el programa OTOCH comenzó a andar ya avanzado este 2025, para cerrar con un cumplimiento cabal al 100% de los compromisos. Por supuesto, diputada, que estamos atentos a la opinión de las y los vecinos sobre el color de las unidades.
Le comento que contra lo que se pudiera pensar o lo que se pudiera plantear aquí, las unidades no se pintan de color guinda, las unidades se pintan de muchos colores, morado, verde, azul, rosa, y estamos procurando que sin embargo siempre se cuente con la opinión de la gente sobre cómo darle vida y color de la mejor manera, de la forma más participativa a sus unidades habitacionales, pero digamos no es eso otro que podría pensarse en su pregunta. Bueno, hablo de lo que estamos haciendo hoy, en este momento, y se puede ver, por supuesto, está en las redes sociales, en todos lados, lo anunciamos todos los días.
El plan integral de atención a la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco avanza con estudios y proyectos de reforzamiento estructural para los edificios, por lo pronto, Baja California, Chihuahua, ISSSTE 11 y Michoacán. Esta lista puede tener algunas variaciones, edificios en los cuales tenemos que implementar un mecanismo de atención especial y monitoreo del riesgo existente, teniendo en cuenta que el diagnóstico se lleva a cabo en toda la unidad habitacional.
El INVI ha autorizado la erogación de 33 millones para el pago de todos los estudios y diagnósticos, bajo una conducción única que llevamos a cabo la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Instituto de Seguridad para las Construcciones, con el apoyo del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
Con esto tendremos claro qué tipo de intervenciones se van a llevar a cabo en las 90 torres de Tlatelolco, de 102 que tenía, teniendo en cuenta que es, no en todas las que se presenta una situación de riesgo que debe atenderse, lo repito, es en seis, en algunas hay algún tipo de riesgo medio que atender, pero con el objetivo de que en alrededor de dos o tres años, esto llevará un tiempo y además será un proceso complejo que hay que atender con todo cuidado, todos los edificios de la Unidad Tlatelolco, unidad emblemática de la vivienda social en este país, cuenten con constancia de seguridad estructural.
Estamos invirtiendo en la compra de suelo privado para producir vivienda social, pública y asequible. Ahí se ejerce una inversión sin precedentes, 3 mil millones de pesos, con lo que este año se habrán adquirido más de 200,000 metros cuadrados de suelo en zonas dotadas de servicios e infraestructura urbana; en efecto diputada, preferentemente en la ciudad central, en esos barrios de los cuales ha sido expulsada la población a lo largo de los últimos años, y sobre todo en los últimos años, en los que la gentrificación se ha agudizado.
Así se ha avanzado, se ha avanzado también de forma sustancial en tareas como la escrituración individual, en consolidar los condominios familiares para brindar certeza jurídica al patrimonio de las personas beneficiadas y en un conjunto de tareas más que consolidan el derecho de la gente a habitar en la ciudad.
En marzo de 2025 realizamos un importantísimo foro de análisis sobre las líneas estratégicas que debía seguir la política de vivienda, un foro abierto al cual acudieron a lo largo de dos días más de mil expositores que venían de las organizaciones sociales, que venían de la academia, que venían de los organismos especializados, de los organismos internacionales, de las instituciones públicas. En ese foro se construyeron consensos y de ahí resultaron modificaciones históricas trascendentales a las reglas de operación del INVI.
Quiero mencionar que de ahí resultó que con el impulso de la Jefa de Gobierno se determinará establecer en las reglas de operación de nuestro Instituto que el techo para el financiamiento de la vivienda social debía establecerse en 60 metros cuadrados. ¿Qué significa esto? La obligación del INVI de garantizar que la gente tenga el crédito social suficiente para producir departamentos de 60 metros cuadrados, ahí donde ya nada más estábamos logrando financiar, por la disparidad entre las UMAS, la inflación, los costos de la construcción, alrededor de 40 metros cuadrados. Es algo que, para quienes no lo ubiquen en toda su dimensión técnica y social, es una gran conquista social, que le ha devuelto a la vivienda social el carácter justamente social, es decir, que primero sea la vivienda para las personas que más lo necesitan.
Esto ya se tradujo en definiciones formales oficiales publicadas en la Gaceta sobre el techo de financiamiento y también hay que decir, se incorporó, por ahí escuché alguna opinión de legisladores de oposición, que decía el INVI no puede rentar, la Secretaría de Vivienda no tiene facultades para rentar. Esto en realidad siempre se ha podido, sin embargo se afianzaron estas capacidades, incluyendo el programa de arrendamiento de vivienda pública en las Reglas de Operación del Instituto, incluyendo además, después de todo este gran consenso, medidas como la obligación de que toda la vivienda social cuente con espacios para el sistema de cuidados y también incluir algunas medidas adicionales que ahora voy a mencionar y que resultan en, primero, frutos concretos en la política pública de los planteamientos, las ideas, las propuestas, las alternativas que la gente pone en la mesa.
Eso es algo fundamental. La política pública se fortalece democráticamente y entonces quiero anotar que en ese marco, desde este año, todos los nuevos conjuntos de vivienda colectiva que produce la ciudad contarán con espacios para el cuidado de los adultos mayores y las infancias o pueden contar con lavanderías y comedores comunitarios, pero no solamente.
Diputado Talayero, hemos reforzado algo que en el INVI ya se venía garantizando, pero que se está llevando al nivel más avanzado posible, en coordinación, por cierto, con la Secretaría de Medio Ambiente. Toda la vivienda que producimos cuenta con sistemas de captación pluvial, ahorro de energía, calentamiento solar del agua y todos los dispositivos a la mano para garantizar la sustentabilidad de esa vivienda social, pública y asequible. Y, por supuesto, que buscaremos ir a más conforme el avance tecnológico nos vaya ofreciendo soluciones.
Estamos trabajando diariamente en el afianzamiento del derecho a la buena administración, un pendiente, por supuesto, importante en la política de vivienda. Emitimos una resolución de beneficios fiscales y un acuerdo de facilidades administrativas que simplifican trámites, permisos y autorizaciones que comienzan a tener un efecto de reducción de los tiempos de gestión cercano al 85% para acabar con ese problema que estaba ahí y que era el hecho de que cada proyecto de vivienda se tardará cuatro, cinco o más años en concretarse. Para ello se creó una mesa de coordinación interinstitucional que sesiona de manera semanal y se avanza en el desarrollo de una plataforma digital que también reducirá tiempos y eliminará discrecionalidades.
La política de vivienda se ha fortalecido con un enfoque de equidad y arraigo local para hacer frente a la gentrificación y la expulsión de habitantes originarios. Hemos participado con la Jefa de Gobierno y diversas secretarías en el diseño del Bando 1 “Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local”, el cual impulsa estrategias integrales de justicia habitacional y equidad urbana, una apuesta sin precedentes que se sustenta en una visión de derechos humanos, de justicia territorial y de planeación democrática.
Es importante que trabajemos juntos con la iniciativa privada, con todos los actores sociales para que, por ejemplo, en el caso de los esfuerzos privados, en un contexto de sobreoferta de vivienda cara que nadie puede comprar o rentar, haya un compromiso también de ellos para que se produzca vivienda claramente asequible. Aquí está Carlos Mackinlay que trabaja en esa línea para que quede claro que la inversión privada en la ciudad, por supuesto que es bienvenida, queremos que inviertan los privados. David Harvey lo recomienda y lo impulsa. Sino hay inversión privada, entonces la riqueza se concentra en cada vez menos manos y no hay empleo suficiente. Y por supuesto que esto se puede asociar a la producción de vivienda, pero teniendo claro que la tarea no puede inscribirse en otra que no sea la del interés que la ciudad democrática busca.
La gentrificación, el suelo ocioso, las viviendas vacías generan daños a la economía y al tejido social, hacen a nuestra ciudad menos competitiva y golpean la calidad de vida de nuestros barrios. Desde las instituciones públicas estamos poniendo el ejemplo, la ciudad está poniendo el ejemplo para ampliar sustancialmente la oferta de vivienda para la gente que aquí trabaja, la que hace ciudad todos los días. Invitamos entonces a todo el mundo, pero sobre todo a los empresarios comprometidos con la sociedad, a participar de este ejemplo, siguiendo la ruta de las necesidades de la ciudad democrática.
Las ciudades pueden cambiar al mundo desde sus capacidades cooperativas. Siguiendo ese principio hemos convenido esquemas de cooperación con organismos internacionales como ONU Hábitat, quienes nos han manifestado su beneplácito por la emisión del Bando 1 y nos acompañan en su implementación.
Aquí está Rocío Lombera que nos acompaña en ese diálogo permanente que a veces es cualquier día con los titulares de vivienda de París, de Viena, de Sao Paulo, para intercambiar experiencias. También hemos firmado específicamente con la UNAM un primer convenio fundamental de colaboración con la academia a través de la Facultad de Arquitectura y su Laboratorio de Vivienda, el cual ya nos acompaña en el diseño de nuestra política de suelo y en otras tareas.
Cerca de la mitad de los hogares capitalinos son encabezados por mujeres, por ello colocamos a las mujeres al centro de la política de vivienda como protagonistas en la construcción del hogar, la comunidad y la autonomía económica. El derecho a la vivienda no se ejerce de manera aislada, está vinculado al derecho a la ciudad, al transporte, al ejercicio de los derechos culturales, a la educación y al empleo. Los equipos del INVI y la Secretaría recorren todos los días las calles. Estamos ahí para ayudar de inmediato a quienes sufren afectaciones por las inundaciones o por cualquier emergencia. Recorremos el Centro Histórico para darle forma a lo que será el programa más grande de rehabilitación de sus vecindades populares. Estamos ahí cuando hay familias desalojadas que se quedan en la calle por un procedimiento abusivo de desalojo. Estamos ahí y construimos políticas para que nunca nadie deba vivir en la calle en esta gran ciudad de derechos. Ese es nuestro propósito.
Cada vivienda entregada o rehabilitada forma parte de un hábitat integral, más seguro, más conectado y con mayor bienestar. Concluiremos en los próximos días la primera fase del programa de vivienda indígena en el Centro Histórico y hemos consolidado ya los compromisos necesarios para producir en 2026 más de 700 viviendas para las familias mazahua, triquis, otomíes, tzeltales y de otros pueblos originarios que habitan en nuestra urbe.
En todo momento nos guía un principio. Trabajamos para toda la sociedad teniendo claro que el bienestar y la prosperidad compartidos no serán sostenibles si no vemos prioritariamente por quienes están en desventaja, por quienes menos tienen, por las víctimas de las distintas formas de exclusión, discriminación y violencia que el sistema neoliberal nos ha heredado. Y trabajamos en efecto con la sociedad organizada.
No se trata de averiguar de dónde han surgido algunas organizaciones de vivienda. La sociedad se organiza, participa políticamente, interviene, determina el rumbo, construye colectivos y la política de vivienda social de esta ciudad democrática, desde que en 1998 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas emitió el decreto de creación del Instituto de Vivienda, por supuesto que establece que la vivienda se da a toda la ciudadanía sin distingo, sin condicionamiento por su preferencia o su postura política, pero por supuesto que establece programas que favorecen el que la gente se articule, se organice, discuta, luche por el territorio.
Por supuesto que ahí donde haya malas prácticas, hay que trabajar en su erradicación, en sancionarlas. El Instituto de Vivienda tiene mecanismos de sanción en torno a ello, pero no se puede generalizar, no se puede partir del lugar común. Los colectivos que trabajan por el derecho a la vivienda, insisto, son un pilar central en la construcción del derecho a la ciudad, en el hecho de que estemos aquí en un parlamento democrático, electo por el pueblo, son fundamentales en la construcción del derecho a dirigir nuestro sentido y hay que hacerle siempre un reconocimiento, por supuesto siempre apostando por construir la mejor cultura política posible, una cultura de transparencia, de equidad, donde no haya clientelismo que abuse de la gente o que manipula a las personas, por supuesto que sí, pero es muy importante que no confundamos el valor de lo colectivo con la tarea que está ahí, inserta en el corazón de la política pública, que es darle vivienda a toda la sociedad.
Reconozco los retos que permanecen, el encarecimiento del suelo, la desigualdad de ingresos, la presión de quienes ven en el suelo urbano y en la vivienda sólo una mercancía con los ojos de la especulación financiera y la máxima ganancia. Todos esos retos están ahí, son retos que estamos asumiendo teniendo claro que el papel conductor de las soluciones está a cargo de la ciudad democrática, de sus instituciones públicas, de la inversión pública, del interés de la gente, ese que se manifestó, y se manifiesta una y otra vez, en la forma en que quiere ser gobernada. Todas las demás formas de construcción de soluciones son posibles gracias a ese esfuerzo colectivo.
Contamos con una ruta clara, el programa de gobierno 2024-2030 establece como eje de la construcción de una ciudad con suelo y vivienda asequible y adecuada lo que aquí estoy describiendo. Allí están nuestras metas, ampliar la reserva territorial, producir más vivienda pública, impulsar la vivienda en renta, fortalecer la vivienda cooperativa, desarrollar nuevos modelos y esquemas de gestión.
Cada llave entregada representa una historia de lucha y esperanza, cada departamento rehabilitado es una vida más segura que estamos garantizando, cada acción de mejoramiento reafirma el derecho a permanecer (inaudible) bajo el liderazgo de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, nueva política de vivienda con los mayores resultados en la historia de nuestra ciudad. El presupuesto más alto, el mayor número de créditos de mejoramiento, la inversión pública más fuerte para la adquisición de suelo, el mayor número de viviendas entregadas en un año y un abanico de programas orientados a las poblaciones de atención prioritaria.
Esta política no sólo construye vivienda, construye comunidad, y la comunidad es la base de una ciudad más igualitaria, más solidaria y con arraigo local. Compañeras y compañeros, legisladoras, legisladores, la vivienda es mucho más que un espacio físico, es el punto de partida de la vida familiar, el lugar donde se tejen los lazos comunitarios y donde las personas pueden proyectar su futuro con dignidad, la ciudad venía expulsando no a 20,000 familias cada año, a 30,000 familias cada año. Este año hemos ejecutado más de 30,000 acciones de vivienda, con lo cual, por supuesto, en mayor medida ahí donde hay vivienda nueva entregada, pero también donde hay mejoramiento de vivienda, ahí donde hay vivienda rehabilitada, ahí donde hay apoyo en renta, estamos conteniendo el avance de eso que parecía inevitable, la gentrificación, a partir de consolidar el arraigo y el derecho a habitar en esta ciudad de más de 30,000 familias.
El derecho a la vivienda es el derecho a pertenecer a la ciudad, es el derecho a tener un lugar desde donde mirar el futuro con esperanza y es, sobre todo, un compromiso con la justicia social para quienes sostienen esta gran metrópoli con su trabajo y su esfuerzo cotidiano. Por eso seguiremos trabajando con ética de la responsabilidad, con pasión, con la convicción necesaria en torno a las causas de la gente, porque garantizar vivienda digna y asequible no es solo una meta administrativa, es una causa democrática, social y humana.
Así, la Ciudad de México avanza hacia una etapa de transformación urbana profunda, un nuevo paradigma como mencioné al principio, una etapa donde el desarrollo urbano se concibe como la tarea de hacer ciudad para todas y para todos, una tarea donde ante la ciudad vista como mercancía se erige la producción social del hábitat, donde la planeación se orienta al bienestar y no a la ganancia, donde cada política pública se inscribe en la transformación humanista y democrática de nuestra urbe, motor transformador del mejor país posible, el país de los derechos, la solidaridad, la justicia y la libertad que garantiza el tener un techo para nacer y vivir con dignidad.
La vivienda es un derecho y no un privilegio.
Muchas gracias, en eso estamos trabajando.
