Nota aclaratoria a la información publicada en la edición de septiembre de la revista Proceso
Ciudad de México, a 27 de agosto del 2023
Respecto al reportaje “Damnificados del 19-S denuncian ‘lucro’ gubernamental y electoral en la CDMX” publicado en Proceso, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), en el marco del Convenio de Coordinación de acciones para la conclusión del Programa de Reconstrucción, celebrado entre el INVI y la Comisión para la Reconstrucción en febrero, aclara:
En todas las obras contratadas, el Instituto es quien asume la relación contractual y no las personas damnificadas, así mismo se informa que la firma del acta entrega recepción es un documento que únicamente tiene por objetivo el que el Instituto pueda tener el resguardo y custodia del mismo, para poder a su vez transferir este resguardo a la empresa constructora, es falso que este documento sea un convenio o bien que implique un proceso expropiatorio.
La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México transfirió al INVI, mediante convenio firmado el pasado 9 de febrero, 93 inmuebles multifamiliares para su atención, 62 de ellos inmuebles para reconstrucción y 31 inmuebles para rehabilitación.
Previo a la firma del citado convenio, este Instituto participaba en la restitución de 361 acciones de vivienda a personas damnificadas ubicadas en cuatro proyectos: Porvenir 210; Escocia 33; Cafetales 1710; y Paseo de las Galias 3147. En los tres últimos ya se ha cumplido con el compromiso de entrega de vivienda a las familias beneficiarias, mientras que el inmueble Porvenir 210 tiene un avance de obra del 98 por ciento. Estas acciones, sumadas a las comentadas previamente, dan el total de 97 inmuebles multifamiliares atendidos.
En cuanto a las viviendas multifamiliares, cabe señalar que el presupuesto que se asigna a cada uno de los inmuebles es resultado de la elaboración y revisión de un proyecto ejecutivo y su respectiva conciliación, tomando en cuenta que el costo paramétrico por metro cuadrado depende de la intervención a realizarse; es decir, el costo de una obra de rehabilitación respecto a una de reconstrucción no es necesariamente el mismo. El presupuesto transferido al Instituto de Vivienda para atender estas acciones de vivienda contempla los rubros de estudios y proyectos, edificación, supervisión y laboratorio de control de calidad.
Asimismo, mil 188 familias cuyas viviendas de tipo unifamiliar sufrieron daños por el sismo han recibido recursos para la reconstrucción o rehabilitación a través del mecanismo de autoadministración y cuentan además con acompañamiento y asesoría técnica especializada mediante el Programa de Mejoramiento de Vivienda que el Instituto tiene desde hace 25 años. La conclusión del 100% de estas obras está programada para el último trimestre de este año.
Respecto al inmueble ubicado en Río Tíber 24, se aclara que a la fecha se han mantenido reuniones constantes con las personas damnificadas para el seguimiento a la reconstrucción de su inmueble (como obra en las minutas y listas de asistencia), en dichas reuniones el Instituto de Vivienda ha expuesto los motivos por los que el proyecto ejecutivo se puede optimizar, de manera eficiente, en apego a la seguridad necesaria, los alcances de obra y acabados contemplados en la Ley.
En la primera reunión celebrada con los damnificados de este inmueble se hizo de conocimiento, así como de todas las personas damnificadas de vivienda multifamiliar bajo la modalidad de reconstrucción, que una vez transferidos los inmuebles para atención del INVI, se podría mantener el mecanismo de redensificación tal como lo contempla el Plan Integral para la Reconstrucción, que consiste en aumentar o redistribuir hasta un 35% la superficie de construcción, es decir, construir departamentos adicionales para, con ello, solventar el costo de los metrajes que superaran los 65 metros establecidos en la misma Ley como restituibles sin costo, o bien, optar por ajustar los proyectos arquitectónicos, edificando solo sus viviendas originales sin departamentos adicionales, para ello, el gobierno aportaría a fondo perdido lo correspondiente a 65 metros como lo contempla la Ley y el resto se podría financiar otorgándoles un financiamiento tasa a cero por ciento de interés y bajo las mismas características sociales con las que opera el Instituto de Vivienda, bajo el principio de que se trata de personas damnificadas. Este mecanismo, permite hacer menos complejas las estructuras y cimentaciones, reduce los tiempos de edificación, y social y urbanísticamente no genera conflicto puesto que no se construyen niveles ni viviendas adicionales; sin embargo, esta alternativa nunca se presentó como condición necesaria para continuar con la reconstrucción de su inmueble y es falso que se busque obligar a las personas damnificadas a contraer forzosamente un financiamiento.
Ya fue concluida la optimización al proyecto, se logró abatir costos, se cuenta con una empresa asignada y contratada para desarrollar la obra, y se contempla presentar a las personas damnificadas este proyecto que busca restituir sus viviendas de origen en apego a sus metrajes originales de área privativa, en condiciones de habitabilidad; así como viviendas adicionales, que contribuyan a solventar el costo de metrajes excedentes, que en este caso son, en promedio, 60 metros de más a los establecidos en la ley, también contempla la colocación de un elevador y cajones de estacionamiento.
Con relación al Inmueble de Pitágoras 316 esclarece que actualmente se cuenta con empresa asignada y contratada por el INVI para desarrollar la obra, misma que fue seleccionada del registro de empresas que participan en los proyectos regulares del Instituto de Vivienda y que cuentan con los dictámenes favorables correspondientes a los rubros jurídico, técnico y financiero, motivo por el cual este Instituto considera a dicha empresa llevar a cabo los trabajos de reconstrucción en apego a un contrato debidamente celebrado. Del mismo modo, se aclara que, con el ajuste al proyecto transferido para su ejecución, se logró que las viviendas a reponer puedan ser de 75 metros (y no de 65 metros), contemplando el mecanismo de redensificación, que cubra el costo excedente de metrajes, sin requerir financiamiento adicional, el fundamento de este proyecto se basa en el cumplimiento de la normatividad que garantiza viviendas habitables, con correcta ventilación e iluminación, así como área libre y espacios adecuados.
Se aclara, además, que el proyecto ha sido presentado y aceptado por 17 de las familias damnificadas quienes han manifestado su conformidad con el mismo, sin embargo, la representante de 11 de las familias restantes ha señalado su interés por retomar un CONVENIO DE MEDIACIÓN celebrado con anterioridad, mismo que se encuentra en determinación jurídica respecto a su validez en las instancias correspondientes. Este Instituto de Vivienda, se encuentra a la espera de dicha resolución para continuar con los trabajos de reconstrucción contratados, mismos que incluyen la restitución de viviendas sin costo para las personas damnificadas, así como la entrega de estas en condiciones de habitabilidad como lo estipula la Ley y el Plan Integral para la Reconstrucción.
Sobre el inmueble Petén 915, se procedió a asignar y contratar a la empresa para reconstruir el inmueble, las personas damnificadas conocen y aprobaron el proyecto. La empresa ya realiza los trabajos preliminares en el inmueble y sostiene reuniones de seguimiento para informar de los avances respectivos.
En cuanto al señalamiento en la nota periodística respecto a que existe discriminación por alguna condición social u económica de las personas damnificadas del inmueble Amsterdam 269, el Instituto asegura que tiene como vocación y principios de Atención Ciudadana los postulados de respeto e igualdad a todas y todos; atiende a las personas damnificadas con trato igualitario, sin discriminación por su condición física, racial, económica o social.
El proyecto originalmente desarrollado por una empresa constructora asignada por las personas damnificadas del inmueble Amsterdam 269, tiene un costo aproximado de 102 millones de pesos, dicho proyecto ha sido analizado por el área de costos del Instituto, quien en las diversas revisiones ha aportado elementos para optimizar la inversión, considerando la eliminación de elementos de alto costo o lujo, que no se contempla cubrir con recursos públicos de acuerdo con la Ley.
El proyecto actualmente presentado contempla la edificación de 10 viviendas originales, 6 de ellas de 186 metros cuadrados y un pent house de 191 metros cuadrados; adicionalmente, la construcción de 9 viviendas de redensificación de entre 94 y 186 metros cuadrados, con las que el constructor se quedaría para la venta y recuperación de su inversión. La inversión no es 100 por ciento privada, ya que las personas damnificadas han solicitado la erogación de 26 millones de pesos como aportación de gobierno, es decir dos millones trescientos mil pesos a cada familia, y tomando en cuenta que la zona en que se edificaría este proyecto, se considera de alta plusvalía, así como el hecho de que 4 de las 11 personas acordaron ceder el 50% de su metraje a cambio de una remuneración económica, este Instituto consideró pertinente la revisión puntual de cada elemento del actual proyecto, así como la fuente de recursos para su edificación al considerar que existen alternativas para restituir el patrimonio de las personas damnificadas sin que ello implique el incumplimiento de la normatividad, el aumento de niveles en la zona, ni el incentivo a realizar ningún tipo de negocio inmobiliario o retribución económica con recursos del Programa de Reconstrucción.
Actualmente se mantienen mesas de trabajo interinstitucionales que tienen como objetivo integrar una solución para restituir el patrimonio perdido de las personas damnificadas bajo alguno de los mecanismos estipulados en la normatividad. Respecto a la aseveración de que el INVI “ha llegado al extremo de quererles quitar una escalera de emergencia y dar huacales, una obra gris, que más bien es negra”, se aclara que, en ningún momento el Instituto ha realizado tales propuestas, puesto que la revisión e integración de los proyectos de reconstrucción, así como los que desarrolla desde hace 25 años, deben cumplir con la normatividad de construcción vigente. Del mismo modo, niega rotundamente que la pretensión y alcance del proyecto en acabados sea el de obra negra, sino lo convenido en la Ley y el Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México.
Para el caso de Pestalozzi 611, se recibió una propuesta de la empresa interesada en la reconstrucción del edificio, bajo un esquema de financiamiento mixto, en el que dicha empresa cuantificó el valor total de la obra en 168.8 millones de pesos, de los cuales esta aportaría 110.9 millones y se espera la erogación de recurso público de 57.9 millones de pesos, para la edificación de 36 departamentos de restitución originales y 23 de redensificación que la empresa dispondría para su venta. Esta propuesta se encuentra en análisis y conciliación. La superficie de los departamentos a construir, son de entre 130 y 134 metros cuadrados, por lo que el mecanismo de redensificación resulta pertinente puesto que los metrajes excedentes, se puede restituir por esta vía en viviendas de más de 60 metros conforme a la normatividad.
Finalmente, la intervención en Pedro Antonio de los Santos 50 continúa, se han realizado mesas de trabajo para dar a conocer los avances y alcances de la obra. Se tienen programadas visitas con los vecinos el 31 de agosto y el 1 de septiembre, en el primer cuatrimestre de 2024 concluirá la reconstrucción del inmueble.
Desde la firma del convenio celebrada en febrero, el INVI ha dado seguimiento al proceso de reconstrucción y rehabilitación de viviendas para garantizar que las familias damnificadas regresen a un hogar digno y seguro.
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